José Carlos Fernández Sarasola, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha anunciado que su grupo ha presentado una proposición para debatir en el próximo pleno con la que se pretende incrementar el control sobre las subcontrataciones que realizan en el ámbito de la administración municipal.

Ciudadanos cree que la subcontratación puede suponer un importante mecanismo para favorecer el acceso de los autónomos y pymes a los contratos públicos, siempre que se respeten los limites legales en materia de subcontratación y se exija el cumplimiento de la legislación vigente tanto a las empresas contratadas como a las subcontratadas por estos. “Precisamente con esta iniciativa lo que pretendemos es que desde el Ayuntamiento de Gijón se tomen medidas para controlar que se cumplen con los límites legales de subcontratación en las contrataciones públicas municipales y que todas ellas cumplen con sus obligaciones legales”, afirmó Sarasola.

En este sentido, recordó, que muchas veces las empresas contratadas por el Ayuntamiento de Gijón imponen a las empresas subcontratadas plazos de pago que exceden los establecidos en la legislación vigente y una serie de clausulas abusivas, que perjudican notablemente a estas empresas subcontratadas que generalmente son pequeñas empresas y autónomos locales. “El mismo rigor que exigimos al Ayuntamiento para pagar a las empresas contratadas en los plazos establecido debemos exigírselo a las empresas para realizar sus pagos. No puede ser que el Ayuntamiento esté pagando en 30 días, tal y como establece la Ley, mientras que haya empresas contratadas con éste que sigan incumpliendo con los períodos de pago legales y estén haciéndolo de forma abusiva”, añadió.

Para lograrlo el Grupo Municipal de Ciudadanos propone que las empresas contratadas por parte del Ayuntamiento de Gijón tengan que informar a este de las empresas que han subcontratado y le remitan los justificantes acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con las empresas subcontratadas, además de estudiar las posibilidad legal para incluir en los contratos el pago directo a las empresas subcontratistas o suministradoras en caso de mora del contratistas principal.