El Ministerio Fiscal solicita 18 meses de prisión para una mujer que realizó 111 llamadas a su exnovio durante seis días, pese a tener en vigor una orden de alejamiento y prohibición de comunicación desde octubre de 2017.

Dichas medidas prohibían a la acusada aproximarse a su excompañero sentimental, a su domicilio o centro de trabajo, a menos de 300 metros, así como comunicarse por cualquier medio.

La fiscalía sostiene que la acusada era conocedora de la medida cautelar que le había impuesto el juzgado, así como de las consecuencias legales de su incumplimiento mientras no se dictara sentencia penal firme u otra resolución judicial firme, que la modificara o dejara sin efecto.

Por este motivo se le acusa de un delito de coacciones en concurso ideal con un delito de quebrantamiento de medida cautelar.