El Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha anunciado que su formación no apoyará las bases de la futura Renta Social Municipal, al dudar de su viabilidad y al considerar que puede colapsar los servicios sociales municipales.

“La cobertura social en nuestra ciudad es buena gracias a las ayudas municipales y a la existencia del salario social, para incrementarla posiblemente bastara con modificar alguna de estas ayudas y no creando una Renta Social Municipal, cediendo así a las exigencias de Xixón Sí Puede y renunciando el Gobierno de Foro a tener una política social propia”, afirmó José Carlos Fernández Sarasola.

En este sentido, criticó que con la puesta en marcha de esta renta social, que sustituirá a las ayudas de emergencia social, se apuesta por unos servicios sociales basados exclusivamente en la concesión de ayudas económicas y no en programas de intervención social.

“Con las ayudas de emergencia se intervenía socialmente con los beneficiarios. Sin embargo, en la Renta Social no está contemplando que se tenga que participar en algún programa de intervención social o de acompañamiento para el empleo. Simplemente se les dará una ayuda económica sin ayudarles a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, criticó..

Además, a su juicio las expectativas que ha generado este programa junto a la flexibilización del requisito de empadronamiento provocarán un efecto llamada y una avalancha de solicitudes que pueden colapsar los servicios sociales municipales.

“Se ha improvisado demasiado en este programa. No se ha cuantificado el número de beneficiarios que puede haber, ni el coste total  que puede suponer para las arcas municipales. Ni siquiera está garantizada su sostenibilidad porque este año se pretende financiar con cargo al remanente del año pasado pero desconocemos de dónde saldrá el dinero para financiarlo el próximo año, si es que piensan darle continuidad”, añadió.

También ha censurado que se rebaje la edad de los beneficiarios a los 18 años – en el salario social es a los 25 – y que se puedan beneficiar personas que decidan volver a residir Gijón, por el único hecho de haber residido aquí quince años.

“Se mezclan conceptos más propios de programas de emancipación o de retorno que de un programa para garantizar la protección social de los colectivos más vulnerables. Así, por ejemplo, al haber rebajado la edad a los 18 años hay un riesgo evidente a que pueda ser considerada como Unidad Económica de Convivencia jóvenes estudiantes que compartan piso de alquiler y a los que finalmente terminemos por pagarles la renta. No le vemos demasiado sentido, salvo algunas excepciones como los menores tutelados que ya están además contempladas en el salario social”, explicó.

Por último, desde Ciudadanos, se recordó los elevados costes de gestión que tiene este programa, cifrados en más de 300.000 anuales, y las claras dificultades que habrá para gestionarlo, máxime al haberlo partido en dos convocatorias.

“Si se tienen dificultades para gestionar las ayudas energéticas, que no llegan a los dos millones de euros, no nos queremos imaginar los problemas que tendrán para gestionar más de ocho. La realidad es que si se considera que hay algún colectivo que en la actualidad está desatendido hubiera sido mucho más efectivo modificar la normativa del salario social que pretender que sea el Ayuntamiento, que tiene muchos menos recursos, quién tenga que asumir esa protección social”, concluyó.