Según el abogado de los exconcejales del Partido Popular de Gijón, quienes han impugnado judicialmente el congreso extraordinario del partido celebrado el 7 de febrero del que salió elegido Mariano Marín, el censo ‘real’ de afiliados es de 1.022 personas frente a las 3.526 del listado oficial.

Los 500 avales solicitados a cada candidatos se calculaban en base al 15% de los 3.526 afiliados que la dirección regional defiende que tiene el partido en Gijón. Si  se traslada ese porcentaje a la cifra ‘real’ se hubiesen necesitado 153 avales. Esos poco más de un millar de afiliados son los que se ha podido certificar que tiene el recibo de su cuota domiciliado o que realizaban el pago en cuenta. De ahí 726 serían los que estarían al corriente de pago y por tanto son lo que podrían avalar a alguna candidatura, que al ser la exigencia 500 avales, solo podría presentarse una candidatura al congreso, lo que coarta la participación de los afiliados en el congreso.

Otros datos que ha llamado la atención es que se detectaron 158 personas ya fallecidas y 323 que habían causado baja. Según el abogado, todos estos datos obtenidos ha sido a través del cotejo de documentos.

Los fundamentos de la actual demanda son similares a los que ya se esgrimieron en la anterior acción judicial que tuvo como resultado  la nulidad del primer congreso del PP de Gijón en octubre del año pasado. En aquel entonces el juez Roda determinó  dejar sin efecto el nombramiento del presidente electo, así como cualquier acuerdo de la Junta Directiva Local. Además de poner de manifiesto, entre otros fundamentos, la existencia de comportamientos anticonstitucionales al vulnerar el artículo 6 de la norma, no permitiendo la participación democrática de los afiliados.