El PP cuestiona la adquisición de la sede histórica de la Autoridad Portuaria

El 19 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, con Carmen Moriyón como consejera, decidió subastar el antiguo edificio de sus oficinas. Sólo cinco días antes, el 14 de diciembre de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó una iniciativa del Grupo Municipal Popular en la que proponía la elaboración de un “plan de concreción de usos” de edificios e instalaciones municipales. La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto Xixón si Puede, que se abstuvo. Dicho informe debía haber sido presentado a lo largo del primer trimestre de 2017 pero el gobierno local no ha cumplido, una vez más, con el mandato plenario.

Advertía ya entonces el Concejal popular Pablo González, en el curso del debate plenario, que “no es de recibo que Gijón no tenga definida una red concreta de recursos municipales para prestar servicios a sus ciudadanos de forma eficaz, porque la alternativa siempre es la ineficiencia, el sobrecoste, el malestar de los empleados públicos y el riesgo de posibles ideas felices”. Parece ser que como ya se vaticinó, estamos ante una nueva ‘idea feliz’.

Pues bien, el PP critica que el Ayuntamiento de Gijón "baraje adquirir la sede histórica de la Autoridad Portuaria para trasladar allí los servicios de urbanismo. Dado el nulo interés que ha demostrado Moriyón y su equipo a la hora de estudiar cualquier posible reordenación de los equipamientos públicos municipales en lo que va de mandato, creemos que estamos ante una decisión atropellada, que se pretende llevar a cabo sin informar, consultar o debatir con el resto de los representantes municipales; tal parece que su único objetivo es llevar a la práctica acuerdos previamente tomados en los despachos".

El concejal popular exige respuestas del equipo de gobierno en la comisión de Hacienda del próximo jueves, sobre cualquier gestión realizada a tal efecto hasta la fecha y sobre los informes que hayan servido para fijar -si efectivamente ha sido así-, un importe cercano a los 2.900.000 euros como cifra de referencia para la operación.

En cualquier caso exige que se aporte, antes de plantear cualquier operación, un detalle de los usos previstos para el edificio y un estudio económico (al menos estimativo) del coste de su reforma y mantenimiento anual.