El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, pedirá explicaciones en el Pleno Municipal de mañana miércoles por la paralización de la tramitación de la Ordenanza Municipal Accesibilidad y exigirá que se retome su tramitación para poder aprobarse de forma definitiva cuanto antes y así entrar en vigor.

En este, sentido explicó que la elaboración de esta ordenanza fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de Ciudadanos en enero de 2016, y tras más de tres años de trabajo de técnicos y grupos municipales, con el apoyo y asesoramiento de COCEMFE, fue aprobada inicialmente, también por unanimidad, en el último pleno ordinario de la anterior corporación celebrado el 8 de mayo de 2019. Posteriormente, se publicó en el BOPA, el 21 de junio de ese mismo año para abrir el preceptivo período de información pública durante 30 días para que la ciudadanía y cualquier entidad pudiera presentar las alegaciones que se estimen oportunas. ”A partir de ahí, con la llegada del nuevo gobierno, no nos consta que se haya realizado ninguna actuación más, y no sabemos ni siquiera si se han presentado alegaciones o no, y por ello pediremos le pediremos que retome y agilice esta tramitación”, señaló Pérez Carcedo.

El objetivo de esta Ordenanza era el de hacer de Gijón una ciudad abierta a todas las personas, sin ningún tipo de exclusión, no sólo garantizando que los espacios urbanizados y los edificios son completamente accesibles, sino asegurando que no existen barreras para que todas las personas con discapacidad pueden acceder con normalidad a todos los servicios y actividades municipales, incluyendo aspectos tradicionalmente olvidados como el deporte, el ocio o la cultura.

Además, recordó que la elaboración de esta Ordenanza responde a la necesidad de garantizar que se cumplen en Gijón con las previsiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que establecía que desde el 4 de diciembre de 2017, deberían accesibles la totalidad de bienes y servicios a disposición del público, todo el espacio público urbanizado y la totalidad de las edificaciones, “una previsión que en nuestra ciudad no se está cumpliendo, de ahí la importancia de que esta ordenanza entre en vigor”.

“Las personas con discapacidad llevan muchos años esperando por esta norma que les garantice sus derechos a nivel municipal para así poder dejar de sentirse como ciudadanos de segunda. Por eso, no hay ninguna razón objetiva que explique o justifique su paralización por parte del actual Equipo de Gobierno. Tal parece que la accesibilidad solo les preocupó para utilizarla como excusa para oponerse al albergue de peregrinos en la casa Paquet”, concluyó.