¿Cómo aprovechar las ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad?

Actualmente, existe un mecanismo legal que permite negociar con los acreedores y lograr una conciliación capaz de beneficiar a ambas partes. Esto se debe a que la Ley de Segunda Oportunidad tiene como objeto tanto proteger los derechos de cobro de los acreedores, como brindar una salida a los deudores. 

En este tipo de casos, apoyarse en la experiencia de un despacho especializado puede marcar la diferencia al momento de lograr la cancelación de deudas, sobre todo, cuando se trata de dar de baja en ficheros de morosidad, suspensión de embargos y llamadas de acoso. 

La forma más eficaz y segura de salir a flote de la bancarrota 

Reponerse de los fracasos económicos requiere iniciar un proceso de concurso de acreedores frente a la instancia judicial mercantil, por ello, la necesidad de contratar un abogado especializado en la Ley de Segunda Oportunidad que brinde asistencia y representación. 

El profesional a cargo debe brindar información oportuna respecto a las posibles salidas, permitiendo elegir la modalidad de exoneración más adecuada según el tipo de deuda.

En general, existen dos opciones: la exoneración por liquidación de bienes y la exoneración a través de un plan de pago. Como lo indica su nombre, la primera modalidad implica la venta o subasta de los activos que forman parte del patrimonio a fin de utilizar el dinero para saldar mayor parte de la deuda.   

Por su parte, la segunda brinda amparo a los bienes personales o activos empresariales, asumiendo el compromiso de pagar un porcentaje inicial de la deuda, así como el establecimiento de plan de pago.

Una nueva vida financiera 

Es tiempo de quedar fuera de los listados de morosidad, los despachos de abogados especializados en la LSO tiene conocimiento respecto a las deudas que perdona acogerse a la Ley y garantizan la salida inmediata de los ficheros. Por consecuencia, brindan la posibilidad de volver a recibir financiación y solicitar tarjetas de crédito.

Asimismo, acogerse a la Ley supone que los recargos e intereses de la deuda quedan paralizados, al igual que los pagos a los acreedores y los embargos, hasta que el juez emita la decisión final. Por su parte, los dueños de empresas o negocios podrán seguir realizando sus operaciones con total normalidad.