El Ayuntamiento cede al intervencionismo vecinal: el derribo de Flex nos costará casi 890.000 euros

El Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el coalición de Foro y PP, vuelve a dar una muestra más de su escasa capacidad de gestión del dinero público. El coste del derribo de la antigua nave de Flex, en el barrio de La Calzada, ha escalado hasta los 890.000 euros, una cifra bastante superior a los 600.000 euros que se habían estimado inicialmente. Pero claro, cuando se trata de gastar dinero que no es suyo, las administraciones públicas no escatiman.

El área de Urbanismo, liderada por el concejal de Foro Jesús Martínez Salvador, ha decidido incorporar esta partida al presupuesto de 2025, que alcanzará los 12,1 millones de euros, es decir, casi 3,5 millones más que el presupuesto inicial de este año. Este aumento se debe en gran parte a los casi 900.000 euros que costará la demolición de la nave de Flex. ¿Realmente es esta la mejor forma de gestionar los recursos públicos?

¿Un compromiso vecinal o un nuevo derroche público?

Es cierto que el derribo de esta nave ha sido una histórica reivindicación vecinal. Los vecinos de La Calzada llevan años pidiendo que se elimine este edificio abandonado, que se ha convertido en un foco de inseguridad y deterioro urbano. Pero el verdadero problema aquí no es la necesidad de actuar, sino el modo en que el Ayuntamiento de Gijón gestiona este tipo de intervenciones.

El Ayuntamiento ha habilitado la partida asumiendo la operación como una ejecución subsidiaria, aunque aseguran que existe un acuerdo con la entidad bancaria propietaria de los terrenos para que ese dinero "vuelva" a las arcas municipales. Sin embargo, en asuntos de gestión pública, ya sabemos que las promesas y los acuerdos no siempre se cumplen, y al final, el coste lo terminan asumiendo los contribuyentes gijoneses.

¿Por qué no dejar que el mercado actúe?

En lugar de que el Ayuntamiento asuma este tipo de gastos millonarios, ¿no sería más sensato permitir que sea el propietario privado o su futuro comprador el que se encargue de gestionar y financiar la demolición? Al fin y al cabo, los terrenos pertenecen a una entidad bancaria, que debería ser la primera interesada en rehabilitar el espacio para obtener una mayor rentabilidad en el futuro. Pero no, una vez más el sector público interviene, asumiendo el coste inicial con la esperanza de que el dinero regrese en algún momento.

El problema es que cada vez que la administración se involucra en este tipo de proyectos, los gastos tienden a dispararse. Lo que inicialmente iba a costar 600.000 euros ahora roza los 900.000, y no sería sorprendente que en unos meses se anuncie que el coste final ha subido aún más. Esta es la triste realidad de una gestión pública ineficiente y poco responsable con los fondos de los ciudadanos.

Más impuestos, más gasto y menos eficiencia

Cada nueva partida que se incorpora al presupuesto municipal supone un aumento de la carga fiscal para los gijoneses. Más gasto público significa más impuestos, y más impuestos se traducen en menos dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Si el Ayuntamiento confiara en el libre mercado y en la iniciativa privada, veríamos soluciones más rápidas, eficientes y menos costosas.

El caso de la nave de Flex es solo otro ejemplo de cómo el Gobierno de coalición de Foro y PP prefiere seguir aumentando el tamaño de la administración y el gasto público, en lugar de apostar por una gestión más liberal y orientada a reducir la intervención estatal en asuntos que perfectamente podrían ser gestionados por el sector privado.

¿Qué opinas?

¿Crees que el Ayuntamiento debería seguir asumiendo este tipo de gastos o deberían ser los propietarios privados quienes se encarguen? ¿Estamos ante un caso de buena gestión pública o de despilfarro innecesario? Deberían los gijoneses pagar por este "capricho vecinal" o es una reivindicación legítima? ¡Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate!