El concejal del Grupo Municipal de FORO en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha expresado su preocupación por las personas beneficiarias del Salario Social del Principado que deberán devolver lo cobrado desde el 1 de junio del año pasado por haberlo percibido simultáneamente al Ingreso Mínimo Vital.
Según la información recibida, en esta situación se encuentran unas 14.000 familias asturianas por lo que seguramente en Gijón sean unas 4.000 o 4.500 las que estén en esta situación. Además, de esas personas, 1.735 deberán devolver cantidades relevantes unos 500€ mensuales, unos 3.000€ en total, y lo harán compensándolo con futuras ayudas, según nos ha informado la Concejala de Servicios Sociales en comisión.
Pero, además, en el caso de Gijón, muchos de estas personas seguramente son, también, beneficiarias del programa de la FMSS ‘Mi Barrio’, el cual arrastra unos pobres datos de ejecución, menor al 50%, con lo que dentro de esas 4.000 familias gijoneses es probable que haya 550 (la mitad de las beneficiarias del programa ‘Mi Barrio’) que adicionalmente deberán devolver lo ingresado por este programa, entre 750€ y 1.000€. En total, puede que haya algún caso que tenga que devolver cifras superiores a 4.000€.
El caos organizativo del Ingreso Mínimo Vital, en concreto su mala coordinación con las Comunidades Autónomas, y la mala gestión del programa ‘Mi Barrio’, en el caso del Ayuntamiento de Gijón, está suponiendo que muchas personas estén recibiendo un dinero en sus cuentas corrientes si el tutelaje y el control suficiente como para gastarlo en lo que corresponde, lo que al final produce que tengan que devolverlo.
La exigencia del reintegro es una obligación legal por parte de la Administración con lo que poco o nada se puede hacer para evitarlo, más allá de que se facilite buena información a los afectados, se les autorice el pago fraccionado y se pongan medidas para que esto no vuelva a suceder. En el caso concreto de Gijón, exigimos que se vuelva a la tarjeta prepago que hacia imposible este tipo de situaciones y, en el caso autonómico, que exista coordinación con el Ministerio de la Seguridad Social, porque tal y como recomendó el edil, “el programa de Renta Social que puso en marcha el Gobierno de FORO y que Ana González desmanteló por sectarismo evitaba estos problemas que son muy serios para personas con grave vulnerabilidad social”.
Barcia reflexionó que “paradójicamente el gobierno socialista es ‘liberal’ con las ayudas sociales, depositando el dinero en las cuentas corrientes de los beneficiarios y dejando que éstos lo gasten libremente, ateniéndose a las consecuencias legales por su mal uso, pero ‘conservadores’ con las ayudas a empresas y autónomos, donde se exigen todo tipo de documentación antes de conceder cualquier ayuda, creemos que el tratamiento debería ser similar para todo el mundo”, concluyó.