La UCE y XsP ven imprescindible intensificar la información ante los abusos de las eléctricas

Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede (XsP), y Estefanía Puente, concejala de XsP, se han reunido este miércoles 23 de mayo con Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), para abordar varios de los asuntos que actualmente están vulnerando de manera más acusada los derechos de los consumidores, entre los que destacan los abusos de las eléctricas, el fracaso del bono social y los abusos bancarios. En el caso de las eléctricas, Dacio Alonso llamó la atención sobre el hecho de que la legislación para la liberación del mercado de la energía “se hizo a la medida de cuatro o cinco oligopolios y de ahí se derivan una serie de prácticas que ponen en cuestión los derechos de los y las consumidoras a diario”.

Ante estos hechos, los representantes de XsP coincidieron con la UCE en la necesidad de intensificar la información en estos temas que afectan a la mayoría de la ciudadanía: “Vemos cómo las compañías energéticas actúan con total impunidad manteniendo contratos en condiciones leoninas cuando realmente comercializan con derechos fundamentales, como es el de vivir en unas condiciones dignas. Y lo mínimo es que la gente sepa cuáles son sus derechos y tener la capacidad de exigirlos y hacerlos efectivos”, declara Del Fueyo.

En cuanto al bono social, Estefanía Puente constata que se trata de un “fracaso anunciado, tanto por la propia ley, como por la forma de implantarlo dejándolo en manos de las eléctricas y la escasa información que se ha dado al respecto”. En este sentido, Dacio Alonso denuncia que existe una “falta de transparencia total”, tanto en los modelos de contratos como en lo referente al bono social. “En primer lugar, únicamente tienen derecho al bono social las personas que tienen un contrato de electricidad en el mercado regulado, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas tienen un contrato en el mercado libre, con tarifas más elevadas, debido al engaño deliberado efectuado por las compañías a través de un marketing agresivo”, indica el presidente de la UCE.

En un principio, el bono social supondría una bonificación del 25% en la factura energética de las familias y en el nuevo Real Decreto impulsado por el Gobierno español iría dirigido a personas según su capacidad económica, de manera que una persona que tuviera más de 700 euros de ingresos no podría acceder al mismo. Además, el Gobierno dejó la campaña informativa del bono social en manos de las compañías, lo que ha hecho que sólo el 16% del total de las personas que podrían acceder al mismo lo hayan solicitado, dado lo exiguo de la información proporcionada por las compañías.

“Podríamos estar hablando de miles de familias en Gijón que tienen derecho a este bono social pero no lo demandan por desconocimiento de su existencia”, apunta Dacio Alonso. A grandes rasgos, si en Gijón hay unas 6000 personas que cobran el salario social y que podrían optar al bono social, nada más lo habrían solicitado unas 900, lo que evidencia la necesidad de intensificar la información. Una necesidad que debería hacerse efectiva lo antes posible, ya que en octubre se abre un nuevo plazo para solicitar el bono social.

En cuanto a los abusos bancarios, Dacio Alonso recuerda que fueron PP, C’s y PSOE quienes convalidaron la ley española para minimizar las consecuencias de las sentencias europeas que ratificaron los abusos cometidos por la banca en el Estado español. Ante esta cuestión ya se realizaron  el año pasado, a iniciativa de XsP y en colaboración con la UCE, diversas acciones informativas en los diferentes barrios de Gijón, en los que la UCE organizó entre 30 y 40 sesiones sobre el tema.

“La gente tiene que ser consciente de que estamos ganando el 100% de los casos referidos a las cláusulas suelo, que acumula ya más de diez mil reclamaciones, y el juzgado, además de quitar las cláusulas, condenar en costas al banco y devolver el dinero al cliente, está condenando expresamente a las entidades por mala fe, temeridad bancaria y dilatar el pago”, advierte el presidente de la UCE. Actualmente hay más de 500 sentencias en Asturias y el objetivo de la UCE es que más familias se animen a denunciar, ya que eso puede suponer, además de dejar en evidencia a las entidades bancarias, que la gente deje de pagar de 300 a 400 euros mensuales en la hipoteca. Lo mismo sucede con los gastos de hipoteca,con más de 3.000 demandas, y que pueden suponer recuperar entre 2.000 y 3.000 euros, en juicios que también se están ganando.

Otros de los temas en los que trabaja actualmente la UCE son los pagos de créditos realizados a través de tarjetas de crédito, por los que los bancos están aplicando intereses de hasta el 30%, mientras que el Tribunal Supremo ya dictaminó que a partir del 18% se trata de un interés de usura. Estas y otras cuestiones, como las estafas a personas mayores en las ventas a domicilio, son los frentes que tiene abiertos la UCE que llama a la gente a denunciar a los abusos y a las instituciones a informar a la gente de cuáles son sus derechos y a protegerlos, “ya que esa es su obligación”, remarca Dacio Alonso.