El PP pide que en las ayudas a la rehabilitación se prioricen los edificios de residentes con movilidad reducida

El Grupo  municipal del PP ha registrado esta mañana una enmienda de adición a la proposición plenaria presentada por el PSOE en la que se solicita se incorporen al presupuesto municipal las cantidades precisas para dotar adecuadamente las subvenciones para la rehabilitación de edificios y locales, tratamiento de la fachada marítima y supresión de barreras arquitectónicas y rehabilitación de manzanas degradadas. También pide la elaboración de un informe de previsiones de pago.

La enmienda popular, presentada por el concejal Manuel del Castillo, pide que se incorpore un tercer punto a esta proposición en el que se demanda “que el Ayuntamiento resuelva y de prioridad a todos los expedientes  de los edificios donde residan personas con problemas de movilidad y discapacidad”.

Del Castillo califica de “especial irresponsabilidad política” del concejal del área, Fernando Couto y de la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, los retrasos de hasta siete meses en la resolución de las peticiones de solicitud de licencias para el comienzo de obras en las comunidades de vecinos destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos al edificio. “Este bloqueo afecta en su mayoría a personas mayores y con problemas de movilidad, como ejemplo significativo: a un vecino de la zona oeste de la ciudad, ante una grave lesión por caída en su domicilio tuvieron que acudir los bomberos y sacarlo por una ventana de su domicilio en un segundo piso, dado que el personal sanitario no pudo evacuarlo por la entrada al edificio”.

Parón en el sector

Otro de los motivos aducidos desde el PP para exigir mayor celeridad en la resolución de estas subvenciones se refiere al frenazo que suponen estos retrasos para la actividad económica de la ciudad “toda vez que con el PGOU sin aprobación definitiva, el sector de la construcción local se está empleando únicamente en la rehabilitación de fachadas”, señala el concejal.

En este sentido agrega que el parón en las subvenciones ya ha ocasionado un doble perjuicio, por un lado, las obras iniciadas que contaban con subvención concedida están teniendo que ser abonadas por los propietarios al sobrepasarse ampliamente los plazos en los que tenían que ser cobradas, “una situación que empieza a ser grave porque se iniciaron las obras contando con ese dinero y ahora se encuentran sin liquidez para afrontar los pagos pendientes”.

Y por el otro, añade Del Castillo, porque ante esta situación muchas comunidades que pensaban acometer obras las han parado, con todo lo que ello implica “que no se contratan obreros, no hay consumo de materiales, no se pagan licencias, no hay empleos indirectos, etcétera”.

La última consecuencia de esta situación, indica el concejal popular, es que la administración local “está generando una imagen de falta de seriedad e  incertidumbre impropia, con la merma de confianza que eso implica ante futuras inversiones”.

Por último, Del Castillo subraya que esta responsabilidad municipal habría que concretarla geográficamente, “pues es importante recordar que no sólo es zona urbana aquella consolidada a efectos urbanísticos, el conocido casco  urbano, sino multitud de núcleos rurales que además de considerarse urbanos por la normativa sectorial, están sujetos a IBI urbano y devengan los impuestos o tasas correspondientes a cualquier otra zona urbana del concejo”.